Esta política responde a la necesidad de actualizar los compromisos regionales orientados a reducir y prevenir el riesgo de desastres y con esto contribuir con una visión de desarrollo integral y seguro en Centroamérica.
Una década después que se asumieran compromisos políticos y estratégicos al más alto nivel, es necesario integrar las lecciones aprendidas, adaptar estos compromisos y acuerdos en consonancia con las políticas nacionales, regionales e internacionales vinculantes, y ofrecer a la región orientaciones para intensificar el trabajo desarrollado, aprovechar ventajas comparativas y lecciones aprendidas, identificar brechas y asimetrías y promover una visión renovada en donde los criterios de sostenibilidad, equidad y participación robustecen los instrumentos y procesos de implementación.
Esta política contiene lineamientos, compromisos, acciones generales y de mediano plazo, que serán concretadas a través de una estructura política – estrategia – plan. La política establece los alcances que permiten delimitarla y garantizar que se aborde adecuadamente la gestión del riesgo como su tema y la integralidad como su característica. Los contenidos tienen ejes articuladores, en los cuales se determinan los compromisos asumidos por las autoridades regionales. Se identifican también procesos y medios mediante los cuales está política será implementada; esto incluye aspectos institucionales, financieros, de supervisión, rendición de cuentas y de participación.
Los aspectos más concretos de estos instrumentos regionales, como presupuesto, indicadores de impacto y desempeño, responsabilidades de corto y mediano plazo, serán desarrollados a nivel de estrategia y de plan. En especial, el Plan Regional de Reducción de Desastres, aún vigente, será adaptado para que sea congruente con la política e incorpore en detalle sus instrumentos y mecanismos de aplicación.
Los contenidos implican una orientación y establecen responsabilidades concretas a nivel de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana en sus diferentes escalas. Por tanto, la vía de aproximación a lo nacional se da a través de los mecanismos y órganos que las instituciones del SICA tienen definidos en sus instrumentos normativos.
Esta política ofrece un gran valor agregado a los procesos que hoy se desarrollan en los países y la región, fundamentalmente con una armonización e integración de los enfoques sectoriales y subsistémicos, una base territorial más concreta, una puesta al día de los abordajes teóricos y conceptuales, una intensificación de las acciones de coordinación y promoción y un conjunto de decisiones en áreas sensibles no cubiertas aún en estrategias anteriores.
